Un 'agujero' en la ley impide que una de ellas done los óvulos a su mujer. "Si fuéramos un matrimonio heterosexual no habría problema". Pero Verónica Bolufer y Mónica Catalá son dos mujeres, y sus ganas de ser madres se han topado con un vacío legal en la ley de reproducción humana asistida de 2006. Tomaron la decisión hace dos años, pero no tuvieron suerte. Primero intentaron que una de ellas -prefieren no decir cuál- se quedara embarazada. Probaron con la inseminación artificial, pero al cuarto intento, abandonaron: sus óvulos no servían.

Entonces, se les ocurrió hacerlo de una manera en la que las dos participarían "lo más posible en el proceso, como haría una pareja heterosexual con un problema parecido", cuenta Verónica, que tiene 29 años y trabaja en una multinacional en Valencia. Para ello pensaron que una de ellas donaría los óvulos, que serían inseminados e implantados en el útero de la otra. De esta manera, ambas serían "madres naturales del niño".

Pero cuando fueron a la clínica, se encontraron con el problema. Aunque se habían casado "para tener los mismos derechos que cualquier matrimonio", a los legisladores se les había olvidado este aspecto cuando aprobaron la nueva ley de reproducción asistida. Ésta dice que la donación de gametos debe ser anónima y no puede solicitarse o hacerse para una persona en concreto, salvo en el caso de un marido que ceda esperma para fecundar un óvulo que luego se implantará en su mujer. Y ellas, pareja desde hace siete años y medio, casadas hace dos, no cumplían ese requisito.

Verónica y Mónica, apoyadas por el Col.lectiu Lambda de su ciudad y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) pidieron permiso a la comisión autonómica de reproducción humana asistida. Esto fue en enero de 2007. La respuesta llegó en mayo. "Aunque todos estaban a favor de nuestro derecho, porque somos un matrimonio como los heterosexuales, la ley en ese apartado habla de marido y mujer, no de cónyuges, y en la comisión no quisieron mojarse". Les remitieron a la comisión nacional, que hasta ahora no se ha pronunciado.

La diputada por IU Isaura Navarro les ha ofrecido su apoyo, pero el fin de la legislatura ha impedido que presente la correspondiente iniciativa. "Podíamos hacerlo ilegalmente, pero no queremos. Es un derecho, y detrás de nosotras vendrán otras que tendrán que pasar por lo mismo", dice Verónica.

Su situación ha sido recogida por la FELGTB, que el miércoles pasado presentó su campaña Vota Rosa. En ella se pide que se cambie la ley en este punto, y sobre todo, que gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y quienes les apoyan voten "en defensa de sus derechos". Ello implica no dar su papeleta al PP, dijo el presidente de la federación, Antonio Poveda. La causa principal está en el recurso ante el Constitucional que el partido presentó, y que mantiene en vilo a las 14.000 parejas del mismo sexo que ya se han casado y que no saben si un día amanecerán, sin quererlo, divorciados.